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- ¿Has viajado en coche o autobús por las carreteras de México?

- ¿Te han solicitado documentos de identificación?

- En las revisiones, ¿alguna autoridad se ha identificado o mostrado un documento que avale la revisión?, ¿podrías identificar a una persona extranjera?

Quizá esta práctica se ha vuelto común, incluso el Estado la ha justificado ante el clima de violencia e inseguridad que impera en el país. Pocas personas se han preguntado quiénes son esas autoridades y cuál es su facultad para detener automóviles y/o autobuses y solicitar documentos de identificación. De acuerdo con el artículo 11 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier persona de nacionalidad mexicana puede transitar por todo el país sin necesidad de portar una identificación. En el derecho internacional, es el principio de la libre circulación.

Se calcula que en 2012, en promedio 874,846 coches y autobuses circularon por las autopistas de cuota del país, aproximadamente 3,363,000 pasajeros fueron transportados. Entre este flujo de personas, se encuentra la población migrante, principalmente las mujeres quienes han visto esta vía como una de las principales opciones para realizar su tránsito a través de México. De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a mayo del 2015 han sido detenidas 16,807 mujeres y niñas migrantes, siendo los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas los principales estados donde se llevan a cabo dichas detenciones.

El artículo 97 de la Ley de Migración señala que la única autoridad facultada para realizar revisiones migratorias a personas extranjeras en territorio mexicano, con el objetivo de comprobar su estatus migratorio, es el Instituto Nacional de Migración (INM). Dichas revisiones deben ser sin criterios discriminatorios y con fundamento legal. Sin embargo, si las autoridades migratorias no pueden solicitar a las personas mexicanas que se identifique como tal, y la población nacional no está obligada a portar documentos que acrediten su nacionalidad para circular por el país, ¿cómo distinguen las autoridades entre una persona extranjera y una mexicana? ¿qué criterios utilizan?

En los últimos 10 años, a través de testimonios recabados y experiencias propias, hemos concluido que es imposible fundar y motivar una revisión para detectar a una persona migrante a simple vista. Sin embargo, en la práctica el Estado mexicano, a través de los agentes del INM, realiza un trabajo inconstitucional: identificar a personas extranjeras bajo criterios que discriminan por el color de piel, la vestimenta, un “aparente nerviosismo”, el acento o meros prejuicios de los agentes migratorios. Estas prácticas no sólo son discriminatorias para la población extranjera, colocándola en situaciones de vulnerabilidad frente a extorsiones, abusos verbales o detenciones arbitrarias; sino también para la población mexicana, sin mencionar que violan su derecho de libre circulación y privacidad, garantizados en los artículos 11 y 16 de la Constitución Mexicana.

En privado, algunas autoridades del Ejecutivo han reconocido que la práctica de revisión y detención de personas migrantes dentro del territorio mexicano es discriminatoria y pone en peligro a la población migrante.

El 30 de diciembre del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su informe sobre los Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, en el que a través de su recomendación 485 señala que:

“La Comisión fue informada que los operativos migratorios suelen basarse en la aplicación de perfiles raciales en contra de los migrantes, pues son detenidos con base en criterios subjetivos y discriminatorios, tales como el color de su piel, su aspecto físico o su condición social. Al respecto, la Comisión ha definido la aplicación de perfiles raciales como una acción represora que se adopta por supuestas razones de seguridad o protección pública y está motivada en estereotipos de raza, color, etnicidad, idioma, descendencia, religión, nacionalidad o lugar de nacimiento, o una combinación de estos factores, y no en sospechas objetivas, y consideró que dicha práctica viola el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana. En mayor detalle, la Comisión ha sostenido que “en el contexto de la aplicación de leyes migratorias, el derecho fundamental a la igual protección ante la ley y la no discriminación obligan a los Estados a que sus políticas y prácticas de aplicación de la ley no estén injustificadamente dirigidas a ciertos individuos con base únicamente en sus características étnicas o raciales, tales como el color de la piel, el acento, la etnia, o el área de residencia que se conozca por tener una población étnica particular.”

Durante el 2012 y 2013, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH-UNAM) documentaron  cómo el INM emite oficios para revisiones en puntos móviles carreteros para comprobar la estancia de los extranjeros que “detectan”.

En 2014, el IMUMI y la PUDH-UNAM realizaron tres viajes por las carreteras de Veracruz y Chiapas con el objetivo de documentar las prácticas migratorias, así como los criterios utilizados para distinguir a una persona mexicana de una extranjera en los puntos de control móviles (también conocidos como volantas), por parte del INM. Al tiempo que se realizaron diversas entrevistas con personas de las comunidades, representantes de consulados y organizaciones de la sociedad civil, así como con transportistas.

Se buscó, entonces, responder a dos preguntas esenciales que engloban esta problemática:

¿Cuáles son los criterios utilizados para distinguir personas nacionales de extranjeras?

¿Cómo ejerce el INM sus atribuciones?

Durante el recorrido y a través de las diferentes voces documentadas, se atestiguo cómo los agentes migratorios actúan de forma discriminatoria durante las revisiones, solicitando documentos a personas mexicanas que cumplían con su percepción de una persona extranjera.

En este contexto, a través de este sitio mostramos los resultados del trabajo de campo; brindamos información que abona a la necesidad de declarar inconstitucional las revisiones migratorias que ocurren a lo largo de nuestro país, las cuales colocan en situaciones de vulnerabilidad. Además, el sitio desarrolla diferentes recursos informativos que contribuyen a entender la participación de las mujeres en la migración de tránsito irregular por México; y el incremento de las detenciones migratorias, en los últimos años, como consecuencia de la política de contención que ha implementado el gobierno mexicano contra la población migrante.